Que los políticos no cumplen sus promesas electorales es algo que hasta el más inocente y crédulo de los votantes conoce a ciencia cierta. El PP se presentó a las elecciones con la clara promesa de no subir los impuestos y, sin llevar ni un mes en el poder, ya ha incumplido este punto. La excusa es que el déficit encontrado es mayor de lo esperado.
Los socialistas alegan, ante este desajuste del déficit, que los ingresos previstos eran más altos que los en realidad se recaudaron, puesto que se basaban en unas previsiones de crecimiento mayores, y avaladas por el FMI, la UE y otros engendros económico-burocráticos. Es decir, que los presupuestos se hicieron cuando aún creíamos que nos escaparíamos de la segunda recesión de esta profunda crisis. Sin embargo, las previsiones económicas hace décadas que no se cumplen, y la economía, lejos de repuntar, se escora dramáticamente hacia una constante depresión.
El PP, aprovechando una mayoría incuestionable (y unas irresistibles presiones germanas), ha anunciado la subida del IRPF para todo Dios, con especial escarnio a las rentas medias y altas. A su vez, y desmontando el ideario socialdemócrata, suben ligeramente las pensiones, mantienen los subsidios del paro y congelan (de momento) los recortes en los salarios de los funcionarios. Sabe bien don Mariano que los únicos que saldrían a la calle a protestar son los funcionarios, como bien sucede en Catalunya (que, como dice Enric Juliana, es el banco de pruebas de las políticas de recortes).
No obstante, este es el inicio de las tijeras, a la espera de que Javier Arenas se haga con la Junta andaluza y desbanque por fin a los socialistas de su último bastión de poder. Cuando en Sevilla gobierne lad erecha, los recortes se acrecentarán: subida del IVA, tijeretazo a las políticas sociales, bajada de sueldo a los funcionarios y ofensiva de ancho calado con(tra) las autonomías. Recentralizar España será la panacea económica para salir de la crisis, y así nos lo venderán.
El mensaje que se intenta transmitir a la sociedad es doble: por un lado, las autonomías deben ser llamadas al orden y deben ser despojadas de ciertas competencias que nunca debieron ser traspasadas: cultura, sanidad, fomento, política fiscal… Por otro, la bajada de sueldo de los funcionarios se hará con la complicidad y simpatía de la ciudadanía: ha calado hondo el pensamiento de que sobran funcionarios, de que estos trabajan poco y de que están demasiado protegidos. Cabezas de turco de la crisis, estos millones de empleados públicos estarán en la picota durante buena parte de la legislatura, con el beneplácito vengativo del resto de trabajadores y empresarios.
¿A qué nos aboca el descrédito hacia el empleado público? A un mayor apoyo social hacia la privatización de los organismos y servicios estatales: auténtico motivo de las políticas neoliberales. Así, con unos sindicatos y una oposición de izquierdas desacreditada y dividida, y unos funcionarios denigrados socialmente, el capitalismo agresivo habrá ganado una batalla en la guerra que él mismo provocó.
¿A qué nos aboca el descrédito de las autonomías? A una reconcentración de las competencias y a una disolución de las funciones autonómicas, y todo ello con la aserveración tácita del gran partido opositor. Rubalcaba así lo hizo patente en la presentación de su candidatura: más España, más unidad, más patriotismo.
Pero se presentan dos contratiempos a estas maniobras constructivas de un (pseudo)nuevo estado. El primero radica en el funcionariado. Con la pérdida de poder impositivo de los trabajadores públicos, el consumo decrecerá irremediablemente, ralentizando la recuperación económica. Además, un funcionariado caliente afectará al funcionamiento de los servicios sociales: hospitales sin personal, escuelas en precario, administración más lenta y farragosa, justicia pasivamente estancada y, cómo no, constantes huelgas, paros encubiertos y protestas sociales. Esta atmósfera creada afectará a la percepción ciudadana respecto al funcionamiento del estado y de las administraciones gubernamentales. El caos, la desidia o la idea de un país que se desmorona desde sus cimientos puede ser mucho más perjudicial que una subida de impuestos o unos recortes sociales. Aflorarán inevitablemente movimientos antisistema, antiestado, anticapitalismo, antiburocracia… caldo de cultivo de revueltas (que no necesariamente de revoluciones), ideas y partidos escasamente democráticos (que no necesariamente dictatoriales y fascistoides) y, en definitiva, un claro retroceso democrático.
El segundo problema que se genera es el debate mal cerrado de la concepción del estado español. Las islas que resistieron a la marea azul PPopular, Euskadi y Catalunya, no consentirán una recentralización en el concepto de la España Plural. Tensarán cuerdas y surgirán tiranteces entre los que desean una única y unida España (la inmensa mayoría de la sociedad española) y los que desean que, como mínimo, las cosas sigan como hasta ahora (es decir, la inmensa mayoría de las sociedades vasca y catalana).
La que nos espera...
