Normalidad democrática

Hola Lector(es) y/o Lectora(s),

Por primera vez en la historia del mal llamado conflicto vasco se intuye un final. Parece que ETA necesitaba de un paripé organizador para anunciar el cese definitivo de la actividad armada. Este paripé (o conferencia negociadora, según quien lo lea) ha sido avalado por personalidades internacionales como Kofi Annan, Gerry Adams y ex primeros ministros de Irlanda y Noruega. Pero ni un solo miembro de los gobiernos vasco, español y francés ha sido invitado, pues su presencia habría otorgado de cierta oficialidad a este proceso negociador.

Más allá de esta escenificación, con declaraciones de por medio, comisiones prodiálogo y propaz y brindis al sol de la reconciliación, el simple hecho que algo similar se realice es síntoma inequívoco que algo se está moviendo en el seno de la sociedad vasca, algo que empezó tal vez con el malogrado Miguel Ángel Blanco.

Que algo se mueve en el País Vasco es más que evidente. Ante la avalancha electoral prevista para Amaiur y el próximo fin de ETA, el PNV ha jugado fuerte por esta cumbre negociadora, con vistas a que los votos que pierda por su ala soberanista sean los menos posibles. A su vez, esa aura que desprende el comunicado de los mediadores sobre una posible consulta en Euskadi suena a música celestial para los peneuvistas más añorados con Ibarretxe y su plan.

El PSE, marca blanca del PSOE en Euskadi, va por libre (Recordemos que, cuando los socialistas pierdan Andalucía, el único barón que les quedará será precisamente Patxi López.) Conscientes de que el PSE es muy pero que muy minoría en la sociedad vasca, el Lehendakari juega al sí pero no. Sí al diálogo pero que negocien otros. Sí a la democracia, pero no a las consultas. Sí a que los abertzales se puedan presentar a las elecciones, pero mejor para el PSE si Batasunas o sucedáneos no están en las instituciones. López, el último de los socialistas, quiere ser equidistante entre el sector gudari y el sector españolista. Y eso, amigo Lehendakari, es imposible, porque Euskadi, aunque sea tierra de matices, al final las posturas acaban siendo o blanco o negro.

Y cómo no, al PP no le interesa para nada que ETA deje de existir. Claro que desea que no haya más muertos, faltaría más, pero sabe que electoralmente la existencia de ETA le va de perlas. Salvando las abismales distancias entre las pistolas y las urnas, el PP es el reverso de los abertzales. Pero lo que no es de recibo es la beligerancia popular hacia un proceso de negociación y disolución de ETA, acusando a los mediadores internacionales de poco más que fantoches, y a los socialistas, de poco menos que traidores.

En el fondo, una contraprestación por parte de España no es del todo injusta. Durante estos 40 años de democracia, la lucha antiterrorista ha justificado acciones españoles que se salen de lo que un honrado demócrata podría considerar como justo.

El primero es que los presos etarras, a diferencia del resto de presos, no cumplen con las leyes en materia penitenciaria. Un preso común, aun siendo un asesino en serie, debe cumplir su pena en una cárcel lo más cercana posible a su domicilio y a su núcleo familiar. Los etarras están desperdigados por las cárceles de la península y de las islas.

El segundo es la ley de partidos. Ese engendro antidemocrático solo ha servido para dejar fuera de las instituciones a una destacada minoría de Euskadi. Por relativizar esta ley y su intención, a ningún Primer Ministro del Reino Unido se le ocurrió nunca ilegalizar al Sinn Fein, brazo político del IRA, ni encarcelar a Gerry Adams, su más conocido representante.

El tercero punto es el que más temor puede despertar a los más acérrimos españolistas: un referéndum. El miedo a tal posibilidad es tan grande que incluso los más aznaristas considerarían un mal menor aceptar el primer y segundo punto si con eso se evitan tener que ceder en el tercero. Pero claro, un referéndum en Euskadi tendría su réplica inmediata en Catalunya. Y, quién sabe, tal vez alguno de los dos sale que sí a la separación…

Por otro lado, la cesión del Estado en estos tres puntos no sería una compensación a ETA por dejar de matar. Solo sería una vuelta a la normalidad democrática, una normalidad de la que España jamás ha disfrutado.